LA ESTAFA DE LA DEUDA ¿AÚN NO NOS DAMOS CUENTA?

Auditoria Deuda de España

TEMA: NO A LOS RESCATES CON DINERO PÚBLICO DE BANCOS Y EMPRESAS PRIVADAS
ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN:

… La deuda exterior española

Según el Banco de España (http://www.bde.es/webbde/es/e​stadis/infoest/a1721.pdf), la deuda exterior bruta –excluyendo las inversiones directas en España– era, a 31/12/2010, de 1,73 billones de euros. Si descontamos las deudas que mantienen empresas, ciudadanos y gobiernos extranjeros con España, la deuda neta asciende –una vez más descontando las inversiones directas– a 994.700 millones de euros. Es decir, que la deuda bruta supone 37.600 euros por cada residente en España y 98.300 euros por cada trabajador. La deuda neta, por su parte, representa 21.600 euros por cada habitante y 56.500 euros por trabajador.
Pero, ¿qué es exactamente esta deuda? Y, más importante aún, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y ¿cómo puede gestionarse el problema?.
La composición de la deuda.

El cuadro del Banco de España del que se cogen las cifras anteriores no representa en su totalidad stricto sensu deuda tal y como la entiende el ciudadano de a pie, sino los pasivos de la economía española. Incluye, desde luego, préstamos bancarios, pero éstos apenas representan un 11% de la deuda (201.000 millones).

Entre estos pasivos están también las inversiones extranjeras en Bolsa, que suponen 183.000 millones (10%) y que realmente no se pueden considerar deuda. Sin embargo, y ante una situación crítica de nuestra economía, sí que es cierto que estas inversiones, al contrario que las directas (compras de empresas e inmuebles u otras activos físicos), se pueden retirar de forma sumamente rápida. Por lo que sí que consideramos que es correcto incluirlas en la suma total, ya que además sus dividendos terminan en buena medida fuera de España y han sido utilizados por nuestras empresas para financiarse. La partida más abultada la constituyen los bonos, letras y obligaciones, públicos y privados, en manos de extranjeros, que suponen nada menos que 787.000 millones (46%). Aquí se incluyen títulos privados (517.000 millones) y deuda pública (270.000 millones). Esta deuda privada se ha acumulado fundamentalmente a raíz de la formación de nuestra burbuja inmobiliaria y fue el combustible que realmente la impulsó. El aumento fue espectacular, pasando de 18.000 millones en 1999 a 637.000 millones en el otoño de 2007. Incluye fundamentalmente las llamadas titulizaciones, que eran emisiones de bonos y cédulas respaldadas por préstamos –muchas veces hipotecarios– y que se vendían (y siguen vendiendo) en buena medida a fondos y bancos extranjeros. Los depósitos del exterior en bancos y cajas españoles son también sumamente abultados, y tampoco pueden ser considerados estrictamente deuda pero que sí, y aún con más facilidad que las acciones bursátiles, pueden ser retirados en buena medida ante un empeoramiento de la situación de nuestro sector financiero. Y, por supuesto, también generan intereses que terminan o pueden terminar fuera del país. Suponen 512.000 millones (30%). El último medio importante que ha utilizado nuestra economía ha sido el propio Banco de España, que desde el inicio de la crisis ha deteriorado de forma notable su posición frente al Eurosistema. A finales de 2010 era negativa en 51.000 millones (3% del total de la deuda).

¿Por qué hemos llegado hasta aquí?

La deuda exterior española representa dos problemas fundamentales. El primero de ellos es la salida continua de dinero en forma de intereses que implica. Si suponemos que el tipo medio pagado actualmente por el conjunto de la deuda ronda el 5%, eso representa sobre la deuda neta unos 50.000 millones de euros de salidas cada año. Equivale al salario de casi 2,5 millones de trabajadores promedio, lo que da una idea de la gravedad de la situación.

El segundo problema es que aproximadamente la mitad de la deuda presenta vencimientos, por lo que hay que renovarla de forma continua. La suma de los vencimientos de deuda pública y privada se aproxima a 200.000 millones por año en 2011 y 2012, a lo que hay que añadir las nuevas emisiones para financiar el déficit público o el déficit de la tarifa eléctrica, con lo que el total en estos dos años se aproximará a los 300.000 millones de euros cada año. El panorama para años sucesivos no es mucho mejor. Si España entrara en una dinámica similar a la de Grecia, Irlanda o Portugal (de lo que no estamos tan lejos), y los inversores extranjeros dejaran de comprar nuestra deuda, la quiebra de España sería casi inmediata.
¿Y en qué se ha empleado esta inmensa deuda? Realmente no es demasiado complicado responder a esto. Por una parte tenemos la deuda pública, que se ha aumentado de forma drástica desde el inicio de la crisis y que se ha utilizado, en parte, para mantener en funcionamiento un sector público cuyos ingresos se han visto fuertemente mermados por la propia crisis, que ha reducido fuertemente el consumo interno (gravado por impuestos indirectos) y la tributación de las rentas del trabajo, por el aumento del desempleo. También ha influido la sistemática reducción de la presión fiscal, sobre todo en impuestos directos (tramos altos del IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio) Por otra parte, la deuda también está sirviendo para sufragar una porción importante del fondo de rescate de entidades financieras y bancarias privadas (FROB). Al mismo tiempo, tenemos la deuda exterior privada, que alcanzó máximos justo cuando comenzó la crisis y que desde entonces se ha reducido ligeramente si consideramos sólo los instrumentos de deuda como son préstamos y valores. Esta deuda privada se utilizó básicamente, como ya se ha dicho, para financiar la burbuja inmobiliaria, aunque hasta 2008 los propios impuestos recaudados como fruto de las plusvalías generadas por la burbuja sirvieron para financiar en parte el funcionamiento del sector público. Cuando estas plusvalías se esfumaron fue cuando el sector público tuvo que comenzar a endeudarse de forma drástica.

A raíz de la entrada de España en el euro y hasta finales de 2007 se generó en España una dinámica de crecimiento que estuvo basada en la hipertrofia del sector constructor y que se financió, sobre todo a partir de 2002, a base de endeudamiento exterior. Este crecimiento, a todas luces insostenible, generó una gran cantidad de empleo, pasando de 15 millones al comenzar el año 2000 a 20,5 millones al terminar 2007 (+37%). Paralelamente se produjo el correspondiente aumento del sector público, que pasó en ese mismo período de 2,3 millones de empleados a 2,9 millones (+26%). La inversión en construcción se disparó igualmente tanto en el sector público como en el privado. Sirva como ejemplo que la obra pública pasó de 16.000 millones de euros en 1999 a 39.000 millones en 2008 (+143%) o que el número de visados para vivienda pasó de 515.000 en 1999 a 865.000 en 2006 (+68%).

Puesto que todas estas inversiones se realizaban no en sectores productivos sino en un sector auxiliar como es la construcción, era obvio que jamás lograrían generar ingresos para poder pagar las obligaciones con el exterior en las que se estaba incurriendo. Las razones por las que los poderes públicos (Gobierno) y los reguladores (Banco de España) consintieron que ocurriera tal disparate no son claras, pero lo más probable es que se tratara de una mezcla de ignorancia, exceso de confianza en un sistema que parecía estable y cortoplacismo político.

PROPUESTAS DRY:

¿Cómo se puede gestionar el problema de la deuda?

Éste es realmente el gran problema al que en estos momentos tenemos que enfrentarnos. El bienestar de los españoles durante los próximos años dependerá en buena medida de cómo se lleve a cabo.
En 1927 Alexander Sack definió la deuda odiosa de esta forma “si un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que se le enfrenta, etc., esta deuda es odiosa para la población de todo ese país.”. En numerosas ocasiones desde 1898 se ha invocado este principio para justificar el impago de la deuda. ¿Podría considerarse la deuda española dentro de esta categoría de deuda? Difícilmente, ya que el empleo que se ha hecho de ésta hemos visto que no corresponde en absoluto con esta definición. Pero tampoco significa esto necesariamente que el problema de la deuda exterior no pueda gestionarse de la forma más beneficiosa para la población. Esto, y no otra cosa, es lo que debemos exigir los ciudadanos. La deuda pública con el exterior, que asciende a 270.000 millones, tampoco supone ni mucho menos, y por fortuna para nosotros, más que una pequeña parte del montante total de la deuda. En concreto un 16%, por lo que los intereses de ésta son asumibles.

El problema realmente lo constituye la deuda privada, y es hora de que los ciudadanos españoles le exijamos al Gobierno que gestione este asunto de acuerdo a nuestros intereses y no a los de los acreedores y la banca.

El Gobierno y el Banco de España están permitiendo que:

Bancos y Cajas refinancien ad infinitum a promotores, constructores y grandes empresas manifiestamente insolventes con el fin de no tener que provisionar en sus balances los créditos fallidos y las caídas en valor de sus carteras industriales. Esto provoca que los escasos recursos de los que disponemos se dediquen en buena medida a mantener sectores zombis en lugar de dedicarse a financiar las actividades productivas que deberían reactivar nuestra economía.

Bancos y Cajas no valoren a precios de mercado (mark-to-market) sus activos, con lo que igualmente numerosas entidades insolventes se mantienen en funcionamiento.

Se hayan inyectado hasta el 18/2/2011, a través del FROB, 12.536 millones en entidades financieras con problemas y se hayan avalado por parte del Tesoro 53.162 millones de emisiones de entidades financieras privadas, siendo el momntante total de este fondo (150.000 millones de euros) el que ha disparado nuestros niveles de déficit público que ahora intentan recortar con el descenso alarmante del Gasto Público Social.. No estamos en absoluto de acuerdo en que se rescate o avale de esta forma con dinero público a empresas privadas. Las insolvencias en el sector financiero se pueden resolver de otro modo, sobre todo teniendo en cuenta que el volumen de beneficios de este sector privado sigue siendo enorme, aún en el tercer ao de la crisis. Pensamos que los prestamistas cobran un interés por sus préstamos entre otras razones porque corren un riesgo, y que por ello es moralmente justo que si los préstamos se vuelven incobrables o parcialmente incobrables sean ellos los que asuman las pérdidas, y no unos ciudadanos españoles que no tienen nada que ver con todo esto. Somos conscientes de la importancia del sector financiero para la economía (por lo que éste tiene que mantenerse operativo) y de que hay que proteger los intereses de unos ahorradores que tampoco tienen ninguna culpa de esta situación.

Se traspasen activos problemáticos a sociedades controladas directa o indirectamente por las entidades financieras con el fin de ocultar las pérdidas de valor en sus balances.

Las entidades financieras se salten los límites de financiación cuando se trata de colocar sus propios inmuebles, incurriendo con ello en la concesión de préstamos de alto riesgo.

Las entidades financieras no insriban en el Registro de la Propiedad todas las ejecuciones hipotecarias que realizan, con lo que incurren en fraude fiscal al no declarar impuestos como el IBI, al mismo tiempo que falsean sus balances, puesto que la valoración de sus activos inmobiliarios re realiza en base al montante de la hipoteca concedida y no al valor de rescate de la misma, generalmente al 50% por cierto de dicho préstamos hipotecario.

Por todo ello proponemos:

El Banco de España intervenga para que se corten radicalmente todas estas prácticas ilegítimas que no hacen sino poner aún en más riesgo al sistema financiero a costa de ganar algo de tiempo y perjudicar a la economía española.

Ya que la aplicación de estas medidas provocará la insolvencia de numerosas entidades financieras, se debe elaborar un plan para gestionarlas sin que ello suponga cargar con el peso de este problema a los contribuyentes españoles. Para ello proponemos que cuando el Banco de España detecte que una entidad financiera es insolvente la intervenga rápidamente mediante el sistema de la creación de dos bancos. Por una parte se creará un “banco malo” en el que se incorporarán los activos problemáticos. Este banco malo entrará en concurso de acreedores y la adjudicación de sus bienes entre éstos deberá resolverse en los juzgados españoles. Además de este “banco malo” se creará un “banco bueno” que se incorporará a una banca pública creada a tal efecto y que incluirá los activos sanos. De este modo se conseguirán tres objetivos. Por una parte el Estado irá creando un instrumento básico para hacer de contrapeso y evitar posibles abusos de los grandes bancos, en segundo lugar se dispondrá de un instrumento básico para controlar que el destino de los préstamos concedidos es acorde a los intereses estratégicos del país y en tercer lugar de esta forma se protegerán los intereses de los ahorradores. Con la creación de una banca pública que compita en el mercado bancario y crediticio con las privadas, ofreciendo mejores condiciones a los ahorradores y demandantes de préstamos, facilitamos, a su vez, el trabajo de la Agencia Tributaria a la hora de combatior el fraude fiscal y la fuga de capitales a paraísos fiscales.

Pensamos que esta forma de gestionar el problema de la deuda es moralmente justo ya que protege a aquéllos que no tienen responsabilidades y carga el grueso de las consecuencias sobre los que corrieron los riesgos, es decir, los prestamistas. También somos conscientes de que muchos prestamistas son españoles, y que ocasionará muchas pérdidas también en éstos, pero consideramos que un sistema justo no debe distinguir entre prestamistas españoles y extranjeros y que debe hacer recaer las pérdidas sobre todos ellos.

Estas propuestas ya han sido puestas en marcha en la crisis Islandesa y fueron refrendadas en referendum por una inmensa mayoría de su población. La convocatoria de un referendum de iguales características en España ayudaría a conocer la opinión de la sociedad en un tema que nos afecta directamente a todos y a todas.

Al mismo tiempo, se debería poner en marcha una comisión independiente que, con ayuda o no de la Fiscalía, evaluase las posibles responsabilidades penales en las que incurrieron tanto los directivos de las entidades bancarias, como los cargos públicos con responsabilidad en la gestación y estallido de la crisis.

Fuente: DEMOCRACIA REAL YA

2 Responses to LA ESTAFA DE LA DEUDA ¿AÚN NO NOS DAMOS CUENTA?

  1. no se puede explicar más claro , Bravo gente estoy con la propuesta.

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  2. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

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